El llamado consenso de Washington fue algo así como partida de nacimiento del Neoliberalismo. Un certificado tardío, ya que su primera implementación como política económica se llevó adelante por Pinochet luego del golpe de Estado del 1973 y, años después, por Ronald Reagan y Margaret Thatcher. En 1989 estos experimentos cobraron fuerza de receta para los países en desarrollo de la mano del FMI y el Banco Mundial. Se pretendía implementar la estabilización macroeconómica, la liberalización y, en los casos que correspondiere, la reducción del Estado.

Si bien José Alfredo Martínez de Hoz pretendió adelantarse en este sentido durante la última dictadura militar mientras Domingo Cavallo era director del Banco Central, fue Álvaro Alsogaray el gran ideólogo de estas medidas. El brazo ejecutor fue el justicialismo de Carlos Menem.

Las reformas neoliberales fueron impuestas a partir de la lógica del Consenso de Washington. Pero de forma muy incompleta. Para que se entienda nuestra mirada deberíamos realizar una mirada a sus principales postulados.  De una forma breve, pero efectiva, se podrían sintetizar algunos principios dos párrafos:

  1. Disciplina y equilibrio en la política fiscal, desregulación del mercado (incluido el del tipo de cambio), liberalización de las importaciones, reformas tributaria que amplíe la base contributiva, tasas de interés determinadas por el mercado pero mínimamente positivas para no desincentivar la inversión, permisibilidad a las inversiones extranjeras directas, y seguridad jurídica para el derecho a la propiedad.
  2. En segundo lugar se destaca la necesidad de quitar los subsidios estatales a los servicios para poder así redireccionar esa parte del gasto público con el objetivo de atender a la población desfavorecida: educación primaria, atención primaria a la salud e infraestructura, protección al medio ambiente y al consumidor.

Estas recetas se aplicaron en muchos países con variantes regionales, pero en el caso de Argentina se centró en la privatización de las empresas del Estado con el discurso de la eficiencia, destacando que el mismo era un paquidermo que no podía gestionarlas. Es de destacar que Menem aplicó estas reformas con el apoyo de los partidos mayoritarios en plena democracia. Tanto radicales como justicialistas permitieron que el saqueo que implicaban tales reformas se lleve adelante. Los sobresueldos de los funcionarios y el nivel de corrupción existente permitieron que las reformas se corporicen.

La política cambiaria permitió la existencia de una moneda equivalente a un dólar por muchos años y mitigó el impacto social de las restricciones impuestas por las medidas. El desempleo y el subempleo se aumentaron estructuralmente mientras las importaciones baratas contribuían al consumo accesible al mismo tiempo que destruían gran parte de la industria nacional.

Los impuestos aumentaron para gran parte de los habitantes y los planes sociales que propuso el Banco Mundial a Menem fueron presentados como un gran avance social por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Hasta el día de hoy, Argentina presenta una complejidad al respecto, no ha podido quitar los planes sociales sino que los ha profundizado. Este arista tiene que ver con la cuestión de la gobernabilidad: por un lado los planes se convirtieron en moneda de pago para los militantes que los gestionan, ya que el Estado no los administra de forma centralizada y, por el otro, sirven de válvula de presión ante la conflictividad social cuando los gobiernos no son peronistas, con en el caso de Mauricio Macri, quien en su gestión los extendió aún más.

Este último implementó una segunda parte del programa impuesto por el Consenso de Washington cuando quitó un porcentaje de los subsidios de los servicios, política que siguió de la mano de Alberto Fernández y se profundiza hoy ante los aumentos de los combustibles, la inflación galopante y la falta de divisas para cumplir con los compromisos de las deudas que crecieron en forma meteórica luego de la crisis del 2001.

Lo que no se cumplió del consenso de Washington, fueron las reformas que favorecieran a los más carenciados: la salud, la educación y la ampliación de las infraestructuras no avanzó para compensar la idea norteamericana de colocar a la población en el lugar de consumidores privilegiados que ayudaran a capear cualquier crisis. Tampoco se generó trabajo genuino.

Si bien las políticas actuales y las medidas concretas están expulsando a las empresas que producen fuera del país, los responsables de las políticas implementadas son los mismos de antes.

Alberto Fernández, funcionario menemista en la Superintendencia de Seguros de la Nación, Cristina Kirchner quien propuso la Ley Antiterrorista Argentina, Néstor Kirchner responsable final de la privatización de YPF, Mauricio Macri también surgido de las filas de Menem tanto como Daniel Scioli, Sergio Massa militante fervoroso de la Unión de Centro Democrático que dirigía Alsogaray, Domingo Cavallo, quien compartió lista política con Alberto Fernández representando la derecha porteña en la Alianza Nuevo Encuentro en la Ciudad de Buenos Aires.

Se pueden agregar a lista al actual -y viejo-  ministro Gustavo Béliz, funcionario menemista, cavallista, sciolista y kirchnerista.  A él se le pueden sumar los acuartelados carapintadas Sergio Berni y José Gómez Centurión que trabajaron en varios gobiernos. Para Kirchner en el primer caso y para Larreta y Macri en el segundo. Eso por no hablar del experonista Horacio Rodríguez Larreta quien trabajó dirigiendo la DGI en los gobiernos de De La Rúa, Rodriguez Saá, Duhalde, luego fue Secretario de Políticas Públicas del Carlos Menem y actualmente mandatario principal del PRO en la ciudad de Buenos Aires (curiosamente hijo del político argentino que arregló el encuentro del Che Guevara con el representante norteamericano Dick Goodwin en 1961, lo cual, obviamente, es sólo un dato de color).

Siendo así las cosas, es muy difícil afirmar que el neoliberalismo acabó, sino que los mismos que lo permitieron y lo propiciaron ni siquiera hicieron un trabajo completo ya que no implementaron las políticas sociales que el FMI, el Banco Mundial y el la Secretaría del Tesoro de Washington les solicitaron. Tal vez se hayan concentrado más en depredar desde la racionalidad vociferada que pretendía “insertar a Argentina el mundo” que en cumplir este mandato externo.

El actual ministro de economía Martín Guzmán, es pupilo predilecto del ex vicepresidente en jefe del Banco Mundial Josep Stiglitz y fue favorecido en Puerto Rico por la Open Society de Goerge Soros quien trabaja para «construir democracias vibrantes y tolerantes«. Veremos que se viene de la mano de este miembro del Institute for New Economic Thinking’s Taskforce on Macroeconomic Externalities de la Universidad de Columbia.

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